Migrantes “irregulares” en el aeropuerto: la trama que se destapó en la construcción del nuevo terminal

El nuevo aeropuerto de Santiago es una de las obras concesionadas más grande que se construye hoy en el país. Con una inversión que se estima superará los US$ 1.000 millones, el futuro terminal (que se está entregando por etapas) permitirá mejorar radicalmente la principal puerta de entrada al país. A cargo de la gigantesca obra está el consorcio europeo integrado por los franceses Aéroports de Paris y Vinci, además de la constructora italiana Astaldi.

Así, es fácil comprender la cantidad de ejecutivos europeos que trabajan en la construcción. Uno de ellos era el ingeniero André Fonseca Santos. Renunció a su trabajo en Portugal y arribó a Chile en 2018 para asumir como gerente y controller de Martifer Metal Chile, una de las empresas subcontratistas que fuera elegida para la construcción del nuevo aeropuerto. Su contrato fue a plazo fijo: desde el 25 de enero de 2019 hasta el 25 de enero de 2021. El ejecutivo fue despedido, tras lo cual realizó una serie de denuncias en contra del Ministerio de Obras Públicas, organismo que adjudicó la concesión.

"El 28 de marzo de este año (2019), se le señaló, desde Europa, por el ejecutivo que lo había contratado, que la empresa cesaba de funcionar porque existía un grave problema de corrupción al interior de las contrataciones y subcontrataciones llevadas a cabo por el MOP conduciendo a la empleadora directa a una incapacidad económica imposible de remontar", dice la demanda laboral que presentó Fonseca Santos en contra de Martifer Metal Chile, Empresa VCGP, Concesionaria Nuevo Pudahuel y el Fisco de Chile. En la acción judicial solicita el pago de 24 meses de remuneraciones impagas del contrato a plazo fijo, que se regularicen pagos previsionales adeudados, entre otras prestaciones como arriendos de los inmuebles de residencia, además de una indemnización por daño moral.

"Debemos dejar constancia que mi representado atribuye su situación (junto a la de otros altos ejecutivos retirados de la empresa indirectamente de la misma manera informal), a su permanente cuestionamiento a la manera de dirigir una obra de gran envergadura. No se pagaba oportunamente a los trabajadores, especialmente la previsión. Tampoco a las empresas subcontratistas", dijo la defensa del ejecutivo, la cual apuntó a que el MOP "no ejercía sus deberes de fiscalización" respecto de la ejecución de los trabajos.

En representación del Fisco, el Consejo de Defensa del Estado rechazó la demanda en todos sus puntos. A su juicio, la acción "carece de todo sustento", ya que la única participación que le ha cabido al MOP –dijo- es haber llamado a licitación para adjudicar el nuevo terminal. "No se puede estimar que al Fisco de Chile le cabe responsabilidad solidaria o subsidiaria, fundado en un supuesto régimen de subcontratación, por la labor que realizan empresas que ejercen su giro por dicha labor", afirmó el CDE.

El organismo no se hizo cargo del resto de las denuncias del exejecutivo. Consultado el MOP por la acusación de que "existía un grave problema de corrupción al interior de las contrataciones y subcontrataciones", desde el ministerio se señaló: "Desconocemos a qué se refiere la expresión citada por el demandante. Las contrataciones y subcontrataciones para la ejecución de las obras concesionadas no son realizadas ni decididas por el MOP, sino exclusivamente por la concesionaria, que es escogida mediante una licitación pública, abierta y transparente".

La Concesionaria Nuevo Pudahuel también rechazó la demanda, pues afirmó que no existe el régimen de subcontratación que alega Fonseca Santos.

"Moralmente inaceptable"

Para llevar a cargo las obras del nuevo aeropuerto, Nuevo Pudahuel contrató a varias empresas constructoras, entre ellas VCGP-Astaldi (vinculada a los socios de la concesionaria). Esta, a su vez, subcontrató a Martifer Metal Chile para la construcción e ingeniería de fachadas. Fueron dos contratos firmados el 5 de abril y 5 de septiembre, ambos en 2018.

"Debido a gravísimos incumplimientos de la subcontratista Martifer, mi representada se vio obligada a poner término a ambos subcontratos con fecha 5 de abril de 2019", señalaron los abogados de VCGP-Astaldi en su respuesta a la demanda de Fonseca Santos.

La constructora afirmó que Martifer no solucionó dentro del plazo acordado "los defectos de las obras mal ejecutadas" luego que fuera requerido por escrito. Con esto, aseguró, se comprometió el progreso de los trabajos y, en particular, el cumplimiento de los plazos convenidos con la mandante Nuevo Pudahuel.

"A partir del día 29 de marzo de 2018, los gerentes de Martifer, entre otros, André Fonseca Santos, Rui Manuel Antunes Mao de Ferro y María Teresa Cavieres Salas, 'se arrancaron de la obra', dejando abandonados y a la deriva a casi 230 trabajadores, varios de ellos extranjeros, con remuneraciones y cotizaciones previsionales impagas, además de situaciones migratorias irregulares", señaló la defensa de la constructora.

Esto significó, según VCGP-Astaldi, que ésta empresa se tuviera que hacer cargo de remuneraciones adeudadas y finiquitos por cientos de millones de pesos, correspondientes a remuneraciones impagas, cotizaciones previsionales adeudadas, multas, pasajes aéreos para trabajadores extranjeros, entre otros ítems.

"La situación descrita hace no solo legal, sino que moralmente inaceptable que un representante, gerente y controller de Martifer, que dejó abandonados a su suerte a cientos de dependientes que efectivamente prestaban servicios en la obra, pretenda ahora el amparo de la ley laboral invocando las reglas del trabajo en régimen de subcontratación. Ello en circuntancias que como parte de la plana directiva de la empresa y representante de aquella, tomó parte en las decisiones que llevaron a la caótica situación descrita", remató la empresa demandada.

La jueza del 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, Ema del Pilar Novoa, fijó la audiencia de juicio para próximo 26 de marzo de 2020.

Querella criminal por "apropiación" de cotizaciones previsionales

En paralelo a la demanda laboral, los abogados de André Fonseca Santos interpusieron una querella criminal por omisión de denuncia, en contra de Ruth Israel López, abogada del Consejo de Defensa del Estado.
"En diversos juicios laborales, ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, la querellada, como representante del Fisco demandado en tales autos, ha conocido de la existencia de masivas apropiaciones indebidas de las remuneraciones, especialmente de cotizaciones previsionales, por parte de las empresas contratistas y subcontratistas de la Concesión del Aeropuerto de Santiago (...). El Estado, además de dueño de la obra, tiene una posición de garante respecto del cumplimiento de los correspondientes derechos laborales y previsionales", dice la querella que ya fue acogida y para lo cual se nombró a un fiscal para que investigue.